Los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid expusieron ayer, a petición del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, su posición respecto del Anteproyecto de Ley de la Cañada Real aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Han comparecido ante esta institución la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, el alcalde de Rivas, José Masa, y el asesor del Ayuntamiento de Coslada, Joaquín López.

Según han informado al Consejo los representantes de los ayuntamientos el texto del anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid incumple lo acordado por la presidenta de la Comunidad con la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid.

Concretamente, el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. Los representantes de los dos ayuntamientos consideran que esta forma de desafectar, lejos de resolver agravará los problemas de  pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real.

Asimismo creen que es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público. Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social.

Es una ley cuyo modelo consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.

Es además una ley que producirá efectos no deseados. De entrada producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real.

Es una Ley, en definitiva, con la que se pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social.

Finalmente, los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid piden a la Comunidad de Madrid que convoque nuevamente a todas las administraciones implicadas a la Mesa de Negociación, de modo que se recupere el consenso alcanzado el 7 de julio ahora roto por una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid.

Déjanos tu opinión: ¿Qué piensas de este problema? ¿Quién crees que tiene razón? ¿Qué te parece la actitud de la Comunidad de Madrid? ¿Y la de los Ayuntamiento implicados?

Fuente: Ayuntamiento de Madrid